La Corte estudia un dictamen del Procurador General que sostiene la in-constitucionalidad de la ley de Ministerio Público Fiscal. Fuertes réplicas del gobernador y el ministro de Justicia. Este jueves se sortearon los jurados que seleccionarán a las futuras cabezas de los fiscales y los defensores; funciones ambas que hoy concentra el Procurador, además de integrar la Corte.
El gobernador Hermes Binner y el ministro de Justicia, Héctor Superti, encabezaron esta mañana en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el acto de sorteo de los jurados que integrarán el tribunal para elegir el fiscal general y el defensor general -más cinco adjuntos en cada caso- que actuarán a partir de la implementación plena del nuevo Código Procesal Penal, que establece el sistema acusatorio y oral. Ambos destacaron la importancia del acto de hoy, pero no pudieron evitar que ésta quedara en segundo plano, frente al nuevo frente de conflicto abierto con el Poder Judicial, precisamente referido a ésas incumbencias.
Y es que, en las últimas horas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, confirmó que el Alto Tribunal tiene a estudio un escrito del procurador general, Agustín Bassó, que cuestiona la constitucionalidad de la ley de Ministerio Público. La norma, precisamente, modifica la actual distribución de competencias y le quita al Procurador la función de jefe de los fiscales y los defensores (ver aparte).
“Avanzamos, a pesar de todo”, sostuvo Superti para dar inicio al acto, mientras su mirada se posaba en el auditorio compuesto por funcionarios, legisladores, representantes de las universidades y algunos jueces, pero ningún miembro de la Corte. Y el punto de conflicto pareció presidir cada mención a los avances que se hicieron en orden al nuevo sistema, a las denuncias que soporta la Argentina por la violación del sistema santafesino a los principios de debida defensa y, sobre todo, en su alusión a “las resistencias”.
En este punto, el ministro las clasificó en tres: las que tienen que ver con el cambio de paradigma en la función -que se resuelven con capacitación-, las ideológicas -ya superadas por imperio de la reforma constitucional del ‘94 y los tratados internacionales- y las que derivan del cambio en la distribución de poder. En conferencia de prensa, después, corroboró que la actividad de Bassó corresponde a esta última categoría..
Negar la realidad
Hermes Binner, a su vez, antes de sacar la bolilla para designar al primer jurado de los propuestos por los colegios de Abogados, recordó que el caso Fraticchelli -liberado luego de 6 años de prisión- fue “una bisagra”, en la que “un sistema inquisidor de administrar justicia entró en crisis”, cosa que ya estaba anunciada.
“En este nuevo sistema, el Procurador no puede, por un decreto ley del gobierno de facto, ser parte de la acusación, de la defensa y además de la Corte”, expresó Binner, quien también aludió a las “resistencias que no sólo están negando la realidad, sino también la propia letra de la Constitución”. Después, en rueda de prensa, agregó que la actitud de Bassó “es negarse a una realidad que es inexorable”.
Al preguntarse sobre el papel que la reforma penal reserva al Procurador, Superti explicó que “el mismo papel que tenía hasta 1977, integrar la Corte. La Constitución nunca dijo que sea el jefe de los fiscales”, sino que lo hizo un decreto ley del gobierno militar.
Por otra parte, cuestionó la legitimación de la presentación. “No entiendo como se puede haber planteado, porque nuestro control de constitucionalidad es siempre para casos concretos y en causas determinadas, no tenemos un sistema abierto como en otros países, en función del cual se puede cuestionar una ley en plenitud”. Y agregó: “Yo creo que ahora de manera más explícita surge quienes están en contra de lo que estamos haciendo”.
Diálogo interrumpido
En cuanto a si tomará contacto con la Corte por este tema, dijo que “me gustaría hacerlo, pero otros motivos, que hasta ahora no pude. Como por ejemplo la comisión que planteamos en diciembre del año pasado, y reiteré personalmente el pedido en febrero, para trabajar sobre los temas vinculados a la transformación del sistema y la transición”.
“Yo trabajé durante la presidencia del Dr. Falistocco con mucho diálogo. Desde que asumió el Dr. Gutiérrez, estoy esperando la conformación de la comisión”, añadió.
Superti añadió que no tiene inconvenientes en hablar con Gutiérrez y que, si éste no quiere, “tienen que preguntarle a él. Pero como siempre me preguntan por los tiempos. Los tiempos dependen de la buena fe y la fuerza que pongamos todos. Nosotros estamos poniendo todo. Ahora, si los demás no colaboran y empujan, o empujan en sentido contrario, cuando haya demoras que cada uno se haga cargo de lo suyo”.
Binner corroboró que está dispuesto a recibir al presidente de la Corte, como éste solicita y como lo hizo en anteriores ocasiones. Pero rechazó implícitamente el “veto” a Superti como interlocutor. “No, no podemos decirle que queremos que él no esté con tal o cual miembro de la Corte. Somos muy respetuosos de los poderes, por lo tanto no puede haber un condicionamiento acerca de en quién uno se respalda técnicamente”, completó.
Funciones
El diputado Raúl Lamberto recordó que la reforma procesal penal “se hizo en consenso con el Poder Judicial, con los legisladores, con la Corte. Este sistema adversarial exige que haya que separar funciones. Actualmente, el Ministerio Público y la Defensa están en cabeza del Procurador. Sabemos que eso es un contrasentido: el mismo funcionario ataca y defiende. Y además integra la Corte, que es el último tribunal de alzada.
“Tal vez el Procurador siente que ha perdido funciones. Pero esas funciones no están asignadas por la Constitución, sino por una ley. La Constitución lo único que dice es que integra la Corte. Y antes, hasta el proceso militar, las funciones de la fiscalía y el servicio de defensa, no estaban en cabeza del procurador”, agregó.