El organismo del bloque reconoció que el gobierno de Néstor Kirchner actuó «de buena fe» para afrontar los cortes de rutas realizados por los vecinos de Entre Ríos y no aplicó ninguna sanción para la Argentina.
Además, negó a Montevideo su deseo de que quedase expresado en el laudo una específica cita con proyección al futuro.
El Tribunal Arbitral del Mercosur desestimó hoy globalmente la demanda del Uruguay contra la Argentina vinculada con los cortes de rutas binacionales por el conflicto pastero y reconoció que el gobierno de Néstor Kirchner actuó «de buena fe» para afrontar la situación.
El Tribunal, que terminó de sesionar hoy en Montevideo, dictó un laudo que contempla diferentes aristas, pero que de fondo no le otorga la razón al Uruguay en su planteo, que versaba en una presunta actitud de «omisión» del gobierno argentino frente a los cortes producidos en el verano pasado.
Tampoco le concedió al Uruguay su deseo de que quedase expresado en el laudo una específica cita con proyección al futuro, para el caso de que pudiesen repetirse cortes de rutas como los que hicieron asambleístas entrerrianos en protesta por la instalación de dos pasteras en la ciudad de Fray Bentos, sobre márgenes del río Uruguay.
El laudo no refiere a ninguna clase de «sanción» para la Argentina, sin siquiera hacer referencia alguna a los argumentos uruguayos vinculados con los supuestos «daños económicos» que le produjeron las interrupciones del tránsito fluido en las conexiones argentino-uruguayas de Gualeguaychú y Colón.
Concede parcialmente, en todo caso, que la metodología de «disuasión» aplicada finalmente con éxito por el gobierno nacional debería haber contado con mayor «diligencia», sobre la base de que quizás podría haber logrado antes que los cortes concluyesen.
También rechaza la ponencia argentina de que el planteo uruguayo fuese una cuestión «abstracta» y señala que en algunos aspectos el comportamiento argentino «no es compatible con el compromiso asumido por los Estados Partes en el Tratado fundacional del Mercosur».
Uno de los agentes de la Cancillería que llevó adelante esta controversia, Juan Vicente Sola, expresó en rueda de prensa que el laudo fue recibido con «satisfacción» por la parte argentina.
Además, simplificó el contenido del texto, frente a insistentes consultas periodísticas, consignando: «Uruguay no ha ganado… Tuvo un reclamo muy importante que el Tribunal no se lo concedió».
Por su parte, su compañera en esta misión, Nora Capello, opinó que a la luz del laudo «no quedan mayores posibilidades de reclamo», aludiendo a la posibilidad de que el gobierno uruguayo decida apelar ante el Tribunal de Revisión con sede en Asunción del Paraguay.
El Tribunal ad hoc del Mercosur estuvo presidido por el español Luis Martí Mingarro y completado por los árbitros Carlos Barreira (Argentina) y José María Gamio (Uruguay).
El Uruguay tenía muchas expectativas en torno de este laudo, pues pensaba a partir de él recurrir a otros estamentos judiciales para demandar a la Argentina por «daños económicos» del orden de los 400 millones de dólares.
Asimismo, los agentes uruguayos llegaron a sostener en las sesiones de alegatos que «la disuasión no es suficiente» para circunstancias como las de los cortes y llegó a sugerir que la Argentina debió haber recurrir a la «fuerza» para ponerle fin a la situación.
El laudo de 39 páginas contiene múltiples aspectos que, según se miren, resultan más o menos favorables para las partes en pugna, pero la esencia refleja la desestimación de la demanda presentada por el Uruguay.
El Tribunal llegó a esta conclusión después de haber recorrido un pormenorizado camino que incluyó presentaciones escritas y orales de cada país, cerrando un nuevo capítulo del conflicto binacional generado por la instalación de dos pasteras en Fray
Bentos.
Ahora, queda por delante la decisión del Uruguay respecto de una posible apelación y la continuidad de la causa de fondo por las pasteras de Botnia y Ence que se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
A propósito, en tanto el equipo de la Cancillería abordada este laudo, en otro sector del ministerio transcurrió una nueva reunión del grupo de abogados que focalizan sus tareas en la redacción de la Memoria que debe ser presentada en la Corte antes de enero próximo.