Con un decreto de confusa redacción, la presidenta Cristina Kirchner dejó sin efecto la resolución 125 que subió las retenciones, culpó al campo de amenazar y presionar, desoyó el rechazo del Congreso a su proyecto y hasta dejó abierta la posibilidad de volver a aplicar un esquema de derechos de exportación móvil.
Más de 24 horas después de haber recibido el certificado de defunción de su iniciativa por parte del Senado, la Presidenta le ordenó al ministro de Economía, Carlos Fernández, que dictara una nueva resolución para que las retenciones volvieran a ser iguales a las que regían antes del 10 de marzo, momento en el que se modificaron las alícuotas y se desató el conflicto con el campo.
De esta manera, la soja volverá a pagar una retención del 35 por ciento cuando pasado mañana la norma se publique en el Boletín Oficial, y no habrá para los pequeños productores compensaciones ni reintegros, al menos por el momento.
Sólo a las 22 de ayer, el jefe del Palacio de Hacienda le puso su firma a la nueva resolución después de horas de incertidumbre sobre la efectiva marcha atrás dada por el Gobierno, ante la complicada redacción que se eligió para el decreto.
Todo comenzó al mediodía, cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que no permitió que se le hicieran preguntas.
Pero el decreto fue tan confuso que el campo reaccionó con cautela. La palabra derogación no figuró, ni por casualidad, en las seis páginas del decreto presidencial 1176, como si fuera una maldición en el vocabulario kirchnerista. Limitar fue la opción que encontró el Gobierno en su extraña redacción para dar a conocer la medida. «Instrúyase al ministro de Economía para que en uso de sus facultades limite la vigencia de la resolución 125», sostuvo el primero de los dos artículos del decreto. Así lo hizo el funcionario. Según confiaron desde su ministerio a LaNación.com, la redacción obedecía a evitar demandas judiciales de quienes ya habían vendido sus granos con las alícuotas anteriores.
Cristina Kirchner hizo una verdadera ponderación de todo lo hecho en estos 130 días de crisis en el decreto que firmó al mediodía. Allí consideró que en la Cámara de Diputados el proyecto de ley había conseguido una «mayoría absoluta» y advirtió que, en el Senado, la iniciativa obtuvo un «empate», cuando, en rigor, la Cámara alta, con el voto en contra del vicepresidente Julio Cobos, la rechazó en la traumática madrugada del jueves. «Así, con una de las Cámaras a favor y la otra, en virtud de aquel desempate, rechazando esa medida, no se ha podido resolver la cuestión toda vez que deja el trámite inconcluso y al Congreso sin manifestación», apuntó el texto.
El decreto acusa al campo de haber hecho un «violento lockout que inició una escalada de cortes, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas».
La Presidenta insistió en su decreto con uno de los argumentos más polémicos que surgió durante el conflicto: sus facultades para fijar los derechos de exportación, que la Justicia ya consideró, al menos en primera instancia, como una medida inconstitucional, pues determinó que esa facultad le correspondía al Congreso.
Suspicacias
Curiosamente, el texto deja abierta la posibilidad de volver a instrumentar un esquema de retenciones móviles: «Manteniendo las convicciones respecto de la necesidad de la adopción de un sistema de derechos de exportación variables o móviles ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad, pero con instituciones que estén exentas de presiones».
La norma añade, en una clara crítica a los ruralistas, que «el debate mostró un ejercicio democrático, pero en un marco de agresiones y presiones de todo tipo ejercidas sobre los legisladores y sus familias».
Según supo LaNación.com de fuentes oficiales, el decreto fue redactado por la propia Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, y sólo después bajó al despacho del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
El texto finaliza con un párrafo alarmante, en sintonía con la teoría del golpe contra la Presidenta que manifestó el Gobierno durante el conflicto: «En la manera en que esas agresiones físicas, amenazas y presiones limiten o determinen las voluntades de quienes legítimamente tiene la tarea de decidir en nombre de todos los que los eligieron, estará condicionada y limitada la democracia». Ni una palabra les dedica a los 30 hospitales, las viviendas y los caminos rurales que el Gobierno prometía construir con el excedente de la suba de las retenciones.