El Senado aprobó anoche el proyecto oficial por 46 votos contra 18. Así, puso fin a un régimen que había sido creado hace 15 años por otro gobierno peronista. La oposición criticó el uso que se dará a la plata, pero no defendió a las AFJP.

La reforma que impulsó el Poder Ejecutivo un año después de instalar la libre opción jubilatoria logró el apoyo de una amplia mayoría de oficialistas y de un puñado de aliados (dos aristas fueguinos, un socialista y otro del Movimiento Popular Nequino), tal como había sucedido en Diputados. Se opusieron la UCR, el peronismo anti K, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales. El cobista Pablo Verani se abstuvo.

Según el texto, de 21 artículos, se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que pasarán a la ANSeS unos $ 80 mil millones que actualmente administran las AFJP. De tal modo, los 9,5 millones de afiliados al sistema de capitalización, que generan un flujo anual de 15 mil millones de pesos, serán transferidos automáticamente el 1° de enero próximo al sistema público.
La ventaja que de antemano se aseguraba el kirchnerismo, al limitar las disidencias internas que florecieron en el debate sobre las retenciones al campo, le quitó a la sesión el dramatismo de aquella madrugada en la que el vicepresidente Julio Cobos tuvo que desempatar y tumbó la movilidad del tributo a los granos. Ayer Cobos no presidió la sesión por estar en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Durante las casi doce horas de discusión, las AFJP no tuvieron abogado defensor. Los mayores cuestionamientos de la UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales se centraron en las sospechas sobre el uso que dará el Gobierno a los millones que recibirá la ANSeS y los riesgos de una avalancha de juicios.
El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, arrojó los primeros sablazos. «El Gobierno no quiere una reforma previsional, sino que necesita financiamiento para las cuentas del 2009 y mandó este proyecto confiscatorio. ¿Por qué no dice la verdad?», sostuvo.
«El sistema de capitalización fracasó, porque jamás pudo crearse un mercado de capitales, uno de los objetivos planteados en los 90», había argumentado de entrada Fabián Ríos, titular de la Comisión de Presupuesto y uno de los voceros del kirchnerismo.
Su compañero de bancada Julio Miranda disparó más barro sobre las AFJP. «Se llevaron 11 mil millones de dólares en comisiones desde 1994, independientemente del rendimiento de los fondos», dijo. Y a renglón seguido hizo una autocrítica a medias. «Fui uno de los diputados que votó por el sistema privado», admitió, aunque no reveló cuándo se arrepintió.
Más tarde, la neuquina Nancy Parrilli salió en defensa de su hermano Oscar, secretario general de la Presidencia, por haber sido el diputado informante del proyecto menemista que creó la jubilación privada (ver página 5).
Los únicos oficialistas que votaron en contra fueron los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero. Los que abandonaron la rebeldía y respaldaron el proyecto oficial fueron los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, el pampeano Rubén Marín, la riojana Teresita Quintela y la chaqueña Elena Corregido.
Lo mismo hizo el socialista Rubén Giustiniani, que votó con el bloque K, aunque objetó el sistema de control de los fondos. En cambio, el arista fueguino José Martínez hizo una encendida reivindicación del proyecto. «No me hablen de la intangibilidad de los fondos», disparó.
Por su lado, María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, rechazó la ley alegando que «en el mundo los sistemas de reparto ya no son viables». Y el jefe radical, Gerardo Morales, titular de la Comisión de Trabajo y Previsión, apeló a una alegoría: «Crean un ‘FMI Nacional’, porque la ANSeS va a manejar el 80 por ciento del presupuesto sin controles».