Julio De Vido formuló estos conceptos en declaraciones radiales, ante el anuncio de distintos funcionarios de la provincia de Santa Fe acerca de que dispondrán un aumento en las tarifas de agua y electricidad en esa provincia.
El ministro apuntó que tales subas «corresponden a una decisión propia de esa provincia«, y consideró necesario realizar una serie de reflexiones. Estimó que «la recuperación de la empresa Aguas Argentinas (hoy AYSA) realizada por el gobierno nacional en 2006 tuvo como objetivo llevar el servicio a los sectores más postergados, extendiendo la red de agua y cloacas a lugares donde el operador privado pensaba hacerlo después del año 2020«.
«Pero lo más importante es que todo esto se hizo sin aumentos de tarifas, dado que la empresa operada por el Estado persigue un fin social, porque el agua es un derecho humano básico. De poco hubiera servido recuperar una empresa para llevar adelante los mismos aumentos tarifarios que reclamaba el concesionario a cambio de no realizar las obras correspondientes», apuntó De Vido.
Señaló por otra parte que «el Gobierno Nacional está realizando a través de AYSA el mayor plan de inversión de saneamiento de los últimos 40 años sin aumento de tarifas, llevando más calidad de vida a quienes más lo necesitan, adelantando los planes de inversión del ex concesionario en más de 21 años».
«En materia de tarifas de energía eléctrica debe procurarse la competitividad como condición para la creación de empleo y una mejor condición de vida para nuestros compatriotas», remarcó el ministro.
Y especificó que «a estos efectos el gobierno nacional mantiene desde 2003 una política de tarifas competitivas que ha permitido un crecimiento de más de un 50 por ciento del PBI, la creación de 4 millones de puestos de trabajo y la concreción de plan energético más ambicioso de la historia».
«Este plan -dijo- lleva invertidos desde 2004 más de 10 mil millones de dólares, incorporando más de 5 mil megavatios de generación, incluyendo la central termoeléctrica General San Martín en la localidad santafesina de Timbúes y la construcción de más de 2 mil kilómetros de líneas de extra alta tensión, entre otras obras.
Argumentó además que «la quita de subsidios implementada desde el año pasado por el Gobierno Nacional tiene por objeto que quienes puedan pagar una tarifa de mercado financien la expansión de la red y permite que aquellos sectores de menores recursos mantengan sus tarifas, brindando igual servicio para todos los sectores a través de tarifas segmentadas».
«Esta medida -indicó- no fue siempre comprendida ni acompañada por aquellos que tienen tarifas un 200 por ciento superiores a las de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, zonas reguladas por el Gobierno Nacional».
Insistió De Vido en que «poca ayuda se le da a la economía cuando la energía sólo se considera desde la lógica del mercado y no desde la del desarrollo productivo, trasladándose inmediatamente a tarifas cualquier costo adicional».
«Las industrias santafesinas pagan un 70 por ciento más el megavatio que sus pares de la ciudad de Buenos Aires. En los hogares la diferencia es aún mayor: los santafesinos pagan el megavatio un 236 por ciento más caro que en la ciudad de Buenos Aires.
Esto habla a las claras de la vocación que se tiene o no por proteger a los sectores de menores recursos, la distribución del ingreso y el desarrollo de la economía», concluyó.