A raíz del posible incremento, el Defensor del Pueblo de Santa Fe propuso dividir el abono. Los contribuyentes ya protestaron a través de internet.
Atento a los centenares de quejas relacionadas con el recientemente sancionado aumento del impuesto inmobiliario en la provincia, el defensor del pueblo de Santa Fe, Edgardo José Bistoletti, recomendó al ministerio de Economía «que realice las gestiones necesarias ante la Administración Provincial de Impuestos (API) para que se disponga dividir el pago del impuesto, al menos en todas las partidas que han sufrido incremento, en cuotas mensuales, o de no ser ello técnicamente posible, se establezcan pagos bimestrales«.
Al mismo tiempo, el Ombudsman instó a la dependencia gubernamental a que “se agilice y facilite al máximo posible el trámite para acceder” a las exenciones de jubilados, pensionados, y discapacitados y ex combatientes de Malvinas.
La resolución Nº 020/2010, que lleva fecha del 23 de febrero, recuerda en los considerandos que las numerosas quejas recibidas en la Defensoría del Pueblo motivaron un pedido de informes a la API, que se produjo a través de la Administradora de la Regional Rosario del organismo.
En la respuesta, la repartición detalló que el aumento se produjo por la ley 13.065 y enumeró algunos datos de interés. “Los avalúos que constan en las boletas datan del año 1993 y, por la mencionada norma, en el caso de los inmuebles urbanos y suburbanos se dispuso un coeficiente uniforme de actualización por tres, además de la aplicación de alícuotas progresivas”, detalla el documento.
En su respuesta, la API también señala que “no sufrieron modificaciones quienes, durante el año 2009, tributaron el impuesto mínimo”. Y agrega que “en el caso de los inmuebles rurales, se estableció un incremento equivalente a dos veces lo abonado durante el año pasado”. Por otra parte, la API también informó que el Servicio de Catastro e Información Territorial puede haber ajustado, durante el año 2009, el valor de avalúo por mejoras, lo que llevaría a que, en determinados casos, el incremento supere las dos veces el impuesto del año 2009.
En ese sentido, la resolución firmada por Bistoletti considera que “es obvio que un incremento de la magnitud del indicado, es decir hasta tres veces el impuesto anterior, ha causado un importante impacto en las finanzas personales de un amplio universo de los contribuyentes que no están exentos o no abonaban el mínimo del impuesto, lo que se ve potenciando por la forma de liquidación y puesta al cobro del tributo en cuestión que, como es sabido, se produce en cuatro cuotas trimestrales, habiéndose ya emitido dos de ellas, las que vencen en febrero y mayo del corriente año”.
Es por ello que, “en aras de tratar de atenuar el esfuerzo que en muchos casos significa cumplir con las obligaciones tributarias”, el Defensor del Pueblo de la Provincia resolvió, según el artículo 1º de la Resolución, “sugerir al Ministerio de Economía que realice las gestiones necesarias ante la API para que se disponga dividir el pago del impuesto Inmobiliario, al menos en todas las partidas que han sufrido incremento, en cuotas mensuales, o de no ser ello técnicamente posible, se establezcan pagos bimestrales”.
Asimismo, en el artículo segundo, el Ombudsman recomienda, “respecto de las exenciones de jubilados, pensionados, discapacitados y ex combatientes de la guerra de Malvinas, que la API agilice y facilite el trámite para acceder a las misma para quienes resulten pasible de beneficiarse con ellas”. Cabe destacar que, según el informe que la API envió a la Defensoría del Pueblo, están en condiciones de acceder a las exenciones aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 1.946 pesos y reúnan los otros requisitos previstos, tales como vivienda propia y única.