El gobierno nacional pareciera estar decidido a llevar hasta las últimas consecuencias la guerra que mantiene con las principales compañías multinacionales que operan en el negocio de los agroalimentos en la Argentina (nucleadas en Ciara-Cec).
Sucede ahora que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, les comunicó a los máximos directivos de dichas empresas que deben abonar antes del próximo 20 de octubre (20-O) una millonaria deuda impositiva.
Si bien desde las empresas exportadoras decidieron no hablar públicamente del tema, se supo que no están dispuestas a afrontar el costo que pretende hacerles pagar la AFIP y que llevarán el tema -cada una por su cuenta- a la Justicia.
En tanto, diversos operadores del sector agropecuario que dialogaron con La Política Online, atribuyeron el caso a la necesidad y urgencia que tiene el Gobierno por hacerse de recursos frescos en un año “financiera y económicamente complicado”.
Además, las fuentes consultadas señalaron que Echegaray busca de esta manera cumplir con su meta de recaudación prevista para este año en 669.000 millones de pesos dado que su mandato en el organismo vence el próximo 28 de diciembre.
“Echegaray está preocupado porque sabe que tiene su 28-D”, bromean en el mercado haciendo alusión a las distintas fechas expresadas en números y letras implantadas mediáticamente por estos días en el país (8-N, 7D, etc.).
La cuestión es que la movida de Echegaray generó la paralización total del mercado de granos por parte de las multinacionales a modo de protesta contra la avanzada que la AFIP está emprendiendo contra el sector exportador.
De esta forma, tanto el viernes pasado como este lunes no se registraron operaciones en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (por la soja no hubo ofertas, mientras que por el trigo y por el maíz sólo se pronunciaron la molinería y los consumos locales).
En términos políticos no es un dato menor este hecho: algunos analistas destacan que “el paro de la exportación” está marcando el fin definitivo de la alianza que mantuvo el kirchenrismo con este sector preponderante en la economía argentina.
Sin embargo, otros aseguran que, tal como lo adelantó LPO en su momento, la avanzada oficial responde más que nada a un intento por parte del kirchnerismo por enviar a las empresas un mensaje político de poder sobre ellas.
Así, el Gobierno vuelve a amenazar con una vieja idea que tiene en mente y que está relacionada a la estatización del comercio de granos a partir de la creación de una Junta Nacional (algo de muy difícil aplicación y que se prestaría a escándalos mayúsculos).
La historia de la deuda
Para entender de qué se trata la deuda que reclama Echegaray es necesario hacer historia. El dinero data del año 2007 cuando comenzó a regir un cambio en los derechos de exportación, que en el caso de la soja, por ejemplo, pasó de 27,5% a 35%.
Antes de que entraran en vigencia tales cambios en las retenciones, los exportadores habían declarado grandes volúmenes de poroto, harina y aceite de soja, de manera que los embarques por concretarse en 2008 pasarían a pagar la retención “vieja”.
Según cuenta el sitio Valor Soja, a fines de 2007, a partir de un proyecto presentado por el ex diputado Rafael Martínez Raymonda, el Congreso aprobó una “Ley de retenciones retroactivas”. Luego vino el conflicto con el campo y no se habló más del tema.
Sin embargo, a fines de junio de 2008 el Gobierno -por medio de la ex Oncca que era dirigida por Echegaray- determinó que aplicaría derechos de exportación de manera retroactiva a 35 empresas exportadoras que no habían podido demostrar la tenencia o adquisición de partidas de soja 2007/08 por 6,19 millones de toneladas declaradas en su momento el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de la Sagpya. Luego, en julio de 2008, se dictó una medida similar sobre 17,78 millones de toneladas de granos y derivados, según detalla el mismo sitio.
Las compañías presentaron ese mismo año una queja formal ante la Oncca al considerar que los volúmenes involucrados en las resoluciones no se correspondían con las compras y tenencias reales de granos en poder de los exportadores al momento de ocurrir los cambios de los derechos de exportación (noviembre de 2007 y marzo de 2008). En ese momento, Echegaray calculó que el reclamo representaba 1700 millones de dólares.
Si bien todas las compañías exportadoras comprendidas en la medida recurrieron a la Justicia al considerar que el reclamo era indebido, el hecho es que algunas pagaron la totalidad de los montos exigidos, mientras que unas abonaron una parte y otras decidieron no pagar nada a la espera de una resolución judicial definitiva. Ahora lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta, ni siquiera la AFIP, cuál es el monto que se discute (algunos estiman unos 600 millones de dólares).
En la investigación la AFIP apuntó a unas 57 empresas agroexportadoras, incluyendo las más grandes como Nidera, Bunge, Louis Dreyfus Commodities, Cargill, Aceitera Gral. Deheza y Molinos, entre otras.

Fuente El Colono del Oeste