La presidenta Cristina Fernández admitió que la Constitución Nacional debería «ser modificada» para poder avanzar en una verdadera reforma judicial, pero aclaró de inmediato que «no» propondrá ningún cambio a la Carta Magna.
«Lo digo con todas las letras, la Constitución debería ser modificada. Pero no voy a proponer ningún cambio», aseguró la jefa del Estado al cerrar un congreso sobre la democratización de la Justicia en el partido de La Matanza.
En este marco, defendió «los seis instrumentos, las seis leyes» impulsadas por su Gobierno para concretar una reforma judicial que solo buscan «mejorar la Justicia», aunque aclaró que «no son la panacea o el milagro».
De todas maneras, advirtió que «necesitamos una interpretación» de la Constitución «por parte de todos los jueces, desde la más alta magistratura hasta la primera instancia, que no sirva a intereses corporativos, sino para que los tres poderes puedan funcionar no en beneficio propio sino del conjunto de la sociedad». «Todos sabemos que hay entramados que tenemos que derribar para que pueda haber Justicia en la Argentina», afirmó Fernández de Kirchner en el discurso que pronunció en el predio de la Universidad Nacional de La Matanza y adelantó que sobre este tema ya habló «con las autoridades de la provincia de Buenos Aires».
En el camino de defender sus propuestas para la mejora judicial, la Presidenta vinculó esta cuestión con la inseguridad: «La ecuación es Justicia y seguridad».
Al mismo tiempo, cuestionó a la oposición que «cree que la inseguridad nació solo hace tres o cuatro años». «Sin una correcta articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad se torna imposible llevar adelante un plan bueno de seguridad para toda la población», alertó la jefa del Estado, en su primera mención al tema durante un discurso público.
Para complementar la idea, aseguró que «hay víctimas de la Justicia, pero no vestales -vírgenes perfectas que cuidaban a los griegos- ni en el Ejecutivo ni el Legislativo, y mucho menos afuera de los poderes del Estado».
Entre los problemas más acuciantes, Cristina Fernández mencionó «el surgimiento del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero» que tienen «dimensiones a nivel global», explicó. Asimismo, mencionó la necesidad de vincular a la Justicia con la igualdad «lo que significa igual trato ante la ley para todos, incluso los corporativos».
Señaló entonces que «la Justicia no puede tener una agenda mediática, tiene que tener una agenda que sea la de la sociedad, la de juzgar y condenar a los culpables» y denunció a las «corporaciones con presión sobre los jueces, los fiscales y políticos». «Observamos una justicia de dos velocidades, si los implicados son corporaciones poderosas, la Justicia es lenta» y puso como ejemplo la polémica del gobierno con la Justicia por la «Ley de Medios, casi 4 años paralizada por medidas cautelares, o el latrocinio de la Sociedad Rural».
En el estrado, Cristina Fernández estuvo acompañada por familiares de víctimas de la inseguridad o del terrorismo de Estado. Estuvieron Susana Trimarco, madre de la joven Marita Verón, secuestrada en un caso de trata de personas; Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Pablo Ferreyra, hermano del asesinado Mariano Ferreyra, y Sergio Burstein, familiar de víctima de la AMIA.
Fuente El Litoral