Por iniciativa de Eduardo Rosconi (PJ Caseros), y el acompañamiento de la totalidad de los senadores justicialistas Armando Traferri (San Lorenzo), Ruben Pirola (Las Colonias), Danilo Capitani (San Jerónimo), Alberto Crosetti (Belgrano), Alcides Calvo (Castellanos), Raul Gramajo (9 de Julio), Hugo Pucheta (Vera), Ricardo Kaufmann (Garay), Cristina Berra (San Martín), José Baucero (San Javier), la Cámara Alta aprobó un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional Nro.26.052 asumiendo su competencia respecto de los delitos previstos y penados en la Ley de Estupefacientes Nro.23.737 y sus modificatorias, en las condiciones y con los alcances previstos.
La esencia de esta norma incluye la prevención y castigo de los delitos vinculados con la producción, comercialización, transporte, consumo, tenencia, etc. de estupefacientes. El bien jurídico que tutela es la Salud Pública en
un sentido extenso, ya que las circunstancias de este tipo de delito, si bien llevan consigo un daño privado, lesiona fundamentalmente la salud pública y ésta se halla íntimamente ligada a la seguridad común, vale decir, para las personas y los bienes, fundamento el senador Rosconi durante el debate.
Rosconi destacó luego que es necesario proteger también a la Familia como célula social, la misma sociedad y su continuidad Y también, -individualmente- a «la libertad» debe ser considerada, porque el toxicómano, por su propia dependencia, la va perdiendo gradualmente y se lo debe ayudar para su recuperación.
El objetivo de esa ley, ha sido sin duda posibilitar una mejor persecución de los delitos relativos al tráfico ilegal de sustancia estupefaciente, tratando de abarcar todo circuito económico del tráfico ilícito. En tal sentido, se ha
optado por dejar en la jurisdicción federal los delitos más graves, aquellos que exigen una cierta organización o que forman parte de la cadena del tráfico ilícito, permitiendo el juzgamiento de los delitos de tráfico en menor escala a las justicias provinciales que se adhieran a la ley 26052.
Sin dudas la adhesión a la norma nacional permitirá mejorar la lucha contra este flagelo que preocupa a todos los ciudadanos por igual.
El artículo 2 de la ley de adhesión contempla la transferencia a la Provincia de Santa Fe de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia.-
Tras un prolongado y enriquecedor debate la iniciativa fue aprobada por unanimidad y fue girada a la Cámara de Diputados.
