Son 468.408,13 pesos y corresponden a tres meses del Fondo de Financiamiento Educativo creado por Ley Nacional
Luego de que la Legislatura provincial aprobara la medida «ad referéndum», el gobernador firmó el Decreto Nº 3.287, que establece el cronograma de transferencia para el año 2013 mediante el cual se entregaron -casi al final de la semana pasada- un total de 48.589.977 pesos a los municipios y comunas del territorio santafecino, correspondientes a las obligaciones derivadas de la aplicación de la Ley Nacional N° 26.075, Fondo de Financiamiento Educativo, por los meses de enero, febrero y marzo.
De ese monto provincial distribuido, Esperanza recibió 468.408,13 pesos, sobre un total de 1.883.927 pesos que el Estado local tiene asignado para el ejercicio 2013 para atender el FAE y los diferentes servicios educativos de la ciudad. El cronograma aludido dispone, además, abonar los meses de abril, mayo, junio y octubre en noviembre; julio, agosto, setiembre y noviembre en diciembre; y el mes de diciembre en enero de 2014.
En estos plazos, el gobierno provincial prevé la cancelación total del monto asignado al Fondo de Financiamiento Educativo para todo el 2013 por un total de 195.427.820 pesos. Asimismo, y de acuerdo al Decreto rubricado por el gobernador, «los municipios y comunas deberán presentar rendición de cuenta física y financiera ante la Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado antes del 31 de marzo de 2014».
Algunos antecedentes conceptuales
El origen y la cantidad de recursos destinados al sostenimiento del sistema educativo son motivo de interminables debates entre economistas y educadores. Debemos recordar entonces, que la igualdad de oportunidades es uno de los pilares de todo sistema democrático y las posibilidades de acceder a una educación de calidad es uno de los ingredientes básicos para cumplirla. Por ello la Argentina decidió resolver el problema en el marco de una ley específica que garantiza un incremento de la inversión con un sistema que algunos especialistas califican de inédito.
En general, en los países desarrollados el financiamiento educativo se sustenta en aportes presupuestarios elevados en los que priman los fondos públicos pero su monto no está sujeto al cumplimiento de una norma específica. En Estados Unidos, por ejemplo, se afectan recursos de los impuestos distritales (municipales) básicamente inmobiliarios, estaduales (provinciales) y nacionales a la educación. El paquete distrital equivale a un 50 % del presupuesto educativo, otro 40 % lo aporta el Estado (provincia) y entre el 8 y el 10 % restante el Tesoro Nacional.
Así, como la escuela se asigna por distrito, es determinante el lugar donde se vive para tener posibilidades de entrar a una escuela mejor financiada. En buen romance, las zonas más pudientes donde la recaudación impositiva es más alta tienen una oferta educativa de mejor calidad. Como contrapartida las escuelas de buena calidad elevan el valor de las propiedades en su zona de influencia.
No obstante, en 1968, en California, un granjero norteamericano de apellido Serrano puso en jaque al Estado al reclamar el efectivo cumplimiento del derecho a la igualdad de oportunidades y obligó a un replanteo del financiamiento educativo. Serrano aplicó entonces la implacable lógica del sentido común y demandó al funcionario responsable de las escuelas en aquel momento, Ivy Baker Priest, porque de esa forma se violaba el derecho de sus hijos a la igualdad de oportunidades.
A pesar de haberse mudado para tratar de mejorar sus chances, Serrano ganó el juicio y logró que el Estado estableciera un fondo especial para compensar a los distritos más desprotegidos. El caso Serrano versus Priest se transformó así en el ejemplo recurrente de los economistas de la educación para explicar los mecanismos compensatorios a los que se apela para establecer criterios de equidad en la distribución de recursos.
Fuente Prensa ME