El Poder Ejecutivo Nacional completó hoy el pago de los acuerdos alcanzados con las empresas que tenían laudo del CIADI, el organismo internacional de arreglo de diferencias, que incluye el pago con bonos y una quita sobre el capital de la deuda. El total normalizado asciende a U$S 677 millones.
El Poder Ejecutivo Nacional completó hoy el pago de los acuerdos logrados con empresas que tenían laudos ante los tribunales internacionales del CIADI, que incluyen, entre otras cuestiones, el pago con bonos y una quita sobre el capital de la deuda y la aceptación de parte de esas compañías de someterse a un arreglo bajo jurisdicción local, además de comprar bonos energéticos BAADE.
La decisión fue oficializada hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 598 del Ministerio de Economía, que lleva la firma del titular de la cartera, Hernán Lorenzino.
El acuerdo permite a la Argentina no desembolsar dinero en efectivo para cancelar la deuda, y a la vez, recibir 68 millones de dólares adicionales por parte de las empresas con la compra de bonos.
Este monto es el resultado de un compromiso de inversión a través del cual suscribieron Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, cuya operación se efectivizó ayer, según la resolución firmada por Lorenzino el pasado 8 de octubre.
El documento fue firmado por el ministro antes de partir hacia Estados Unidos, donde participó de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial -del que también forma parte el CIADI- donde acordó una estrategia de créditos de 3.000 millones de dólares hasta 2016.
El acuerdo comprende a cuatro empresas que litigaron contra el país ante el CIADI (Azurix, CMS Gas, Continental Casualty y Vivendi), y una quinta (National Grid) que acudió a los tribunales de Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).
El total de deuda normalizado asciende a 677 millones de dólares, a la que se le debe restar una quita de capital del 25% del monto original reclamado, lo que representa una cifra equivalente a 171 millones de dólares.
Constituye un hito en el proceso de normalización de deuda del país, alineado con la posición argentina ante el CIADI.
En la resolución, Lorenzino resaltó que «los acuerdos se celebraron en la Argentina, están sujetos a legislación y jurisdicción local y se cancelan con bonos domésticos».
Y agregó que «los acuerdos firmados implican la renuncia expresa (de las empresas) de los derechos, acciones y costas que hayan generado el proceso arbitral».
La Resolución, que incluye un anexo con los términos del acuerdo, informa que en «agosto de 2013 la República Argentina recibió una carta de parte de las empresas que invitaba a entrar en las negociaciones para acordar condiciones para la cancelación del laudo».
Esto es, las firmas aceptaron someterse a jurisdicción nacional, de acuerdo al artículo 54 del Convenio del CIADI, que establece los laudos internacionales deben ser cumplidos equiparando los laudos dictados por el tribunal internacional que funciona bajo la órbita del Banco Mundial.
Se trata de un cambio de posición de parte de las empresas, que antes de agosto solicitaban -y reclamaban al gobierno de Estados Unidos- que prevalezca la interpretación del artículo 53, que sostiene que «el laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso», sin más trámite de sentencia del país.
La instrumentación del acuerdo se concretó el 10 de octubre a través de la entrega de Bonar X para cancelar capital, y Boden XV, para los intereses, que implica un financiamiento del Estado a 7% anual.
Cinco días hábiles posteriores, es decir ayer, se concretó la suscripción por parte de las empresas de bonos BAADE, por un total equivalente al «10% de los montos reclamados» (68 millones de dólares), según indica el texto oficial.
Las empresas están obligados a comunicar el contenido del acuerdo a los organismos, así como a los países contraparte, como Estados Unidos, Francia, y Reino Unido, de donde son oriundas esas compañías.
Amplían en $ 3.000 millones la partida para pagos del CIADI
Por otra parte la Jefatura de Gabinete de Ministros modificó la distribución del Presupuesto 2013, en la jurisdicción «Servicio de la deuda pública», para permitir la atención de compromisos con empresas que tenían laudos ante los tribunales internacionales del CIADI.
La decisión administrativa 830 se publica en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía y Finanzas, Hernán Lorenzino.
La partida modificada es la de «Juicios y mediaciones», a la que se le asignan tres mil millones de pesos.
Según explica la norma, «la citada modificación se financia a través de la reducción de las Aplicaciones Financieras vigentes de la administración nacional».
De este modo se acepta la propuesta de cancelación de reclamos formulada por las empresas Blue Ridge Investment (titular de CMS Gas Transmission Company); Continental Casualty-WB Holdings; Vivendi Universal y de Aguas del Aconquija; Azurix; y NG-UN Holding (titular de National Grid).
Esas propuestas contemplaron la cancelación de deudas exclusivamente con títulos de deuda pública interna: Bonos del Gobierno Nacional en dólares 7% 2015 y Bonos de la Nación Argentina en dólares 7% 2017.
Los pagos incluyen «una quita importante» sobre las sumas reclamadas originalmente (no menos del 25%) y «un plazo razonable de pago», dice la decisión administrativa.
Por otro lado, las empresas asumen el compromiso de invertir en instrumentos de deuda pública en la Argentina (títulos Baade u otros), por una suma equivalente a por lo menos el 10% de los montos reclamados.
