La presencia de policía santafesina en Goya para hacer una serie de allanamientos más la decisión de captar 16 testigos en la capital correntina -distante a 150 km. del lugar del operativo- disparó un conflicto institucional que afecta a los gobiernos de Santa Fe y Corrientes.

Un procedimiento ordenado por el juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que contemplaba una serie de allanamientos en esa ciudad del norte y en la vecina ciudad de Goya en la provincia de Corrientes, concluyó con un escándalo policial y político de enormes proporciones y sobre los que aún habrá que evaluar las consecuencias.

Los allanamientos y detenciones de la víspera se originaron en diciembre de 2015 cuando en un procedimiento se logra incautar cerca de un puente en Arroyo Aguilar unos 180 kilos de marihuana, hecho a partir del cual se origina un una extensa investigación de más de un año. En ese marco, el martes la policía de Santa Fe detuvo en la zona de islas del río Paraná, cerca del puerto de Reconquista, a cuatro hombres a bordo de una lancha que llevaban 40 kilos de marihuana. Esa droga provenía de Goya y sería parte de la misma organización que era investigada.

A partir de esa detención y secuestro de droga el juez federal Aldo Alurralde ordenó lla realización de siete allanamientos en Reconquista, donde estaban asentados los dealers que operaban luego en Santa Fe, Chaco y Entre Ríos. Al mismo tiempo el magistrado pidió que se allanaran también ocho domicilios en la localidad correntina de Goya, donde estaban los supuestos líderes de la organización. Para ello dio parte al juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila.

Para el operativo fueron convocados los agentes pertenecientes a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA), vulgarmente conocida por la antigua denominación de Drogas Peligrosas. Desde la ciudad del norte santafesino partieron hacia Corrientes una gran cantidad de camionetas y, al llegar a la capital de la vecina provincia buscaron -en plena madrugada- a quienes podrían oficiar de testigos para los allanamientos en Goya.

Fue allí que 16 jóvenes fueron impuestos de la condición de testigos y fueron trasladados -no sin cierta resistencia por parte de algunos de ellos y en la mayor de las ignorancias- hacia la ciudad de Goya.

Casualmente estaba en esa ciudad el gobernador Claudio Colombi quien participaba de una actividad oficial y su participación fue clave en los acontecimientos posteriores.

Es que mientras estaban en plena ejecución los allanamientos aparecieron las fuerzas policiales correntinas en procura de las explicaciones del depliegue de fuerzas santafesinas en su territorio. Según los medios de la vecina provincia el diálogo no resultó de los más amables y, además, se sumó la presencia del gobernador Colombi que también quería saber por qué habían sido trasladados los jóvenes desde Corrientes hasta Goya.

Allí fue cuando el Colombi dialogó con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien brindó las explicaciones del caso y que las fuerzas santafesinas cumplían con la directiva del juez federal de Reconquista. Colombi lejos de conformarse con las explicaciones reaccionó dejando traducir su malestar y hasta habría proferido insultos.

Luego pidió que fueran detenidos los responsables del operativo y, sobre el mediodía, intervinieron los fiscales Guillermo Barry y Patricio Paliza. Así quedó demorado el titular de la DGPCA, José Moyano y un jefe de Reconquista, Claudio López. La detención se extendió hasta las 20 cuando -luego de la llegada de jefes de la policía de la provincial de Santa Fe- se acordó que fuera liberado.

Lo increbíble de toda la historia es que el operativo policial dispuesto por la Justicia Federal estaba totalmente justificado: se produjo la detención de varios cabecillas de la organización criminal junto con el secuestro de gran cantidad de estupefacientes. Pero todo ello quedó opacado por un escándalo político-institucional del que no tenían antecedentes.

Fuente El Litoral