El nuevo esquema impositivo para el sector agropecuario enciende alarmas entre los productores. Los números aún distan de los peores momentos, aunque en poco tiempo la situación podría agravarse. El atraso cambiario y un nuevo incremento de “retenciones” aparecen como las mayores amenazas.

Tras la “actualización” de los Derechos de Exportación (DEX) y la posibilidad -aún no implementada- de incrementarlos 3% que otorgó el Congreso al presidente Alberto Fernández con la sanción de la Ley de Emergencia Económica, se multiplican las evaluaciones y cálculos del impacto que tendrá la recargada presión impositiva sobre el agro argentino. Despojado del “componente emocional” (no son pocos los productores que reaccionaron con furia), los números resultantes distan de los peores momentos que vivió el sector gracias a la suba de precios que vienen experimentando los granos y el efecto de la megadevaluación. Sin embargo el riesgo está a la vuelta de la esquina: dependerá no sólo de las cotizaciones sino también del comportamiento que experimente el dólar.

“Si en 6 meses no se mueve el tipo de cambio oficial, no sería raro que para junio estemos con un índice cercano al 70%”, indicó el economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), luego de conocerse el último trabajo de la entidad que -tras la suba de “retenciones”- indica que la participación del Estado en la renta agrícola asciende, de modo general, a 60,4% (64,5% en soja). La aclaración surgió ante la comparación con el 66,2% de diciembre de 2017. Pese a que ahora hay más impuestos, dos años atrás el tipo de cambio real mostraba “un atraso cambiario muy grande”. Este factor, explicó el especialista, “impacta mucho en fletes, labores e impuestos de suma fija como inmobiliario y tasas viales”.

En redes sociales, el autor del Índice FADA de diciembre aclaró que los números podrían empeorar en los próximos meses, ya que restan la actualización de labores y fletes, la suba de los impuestos inmobiliarios provinciales que “rondan el 50%”, la posibilidad de que se encarezcan insumos dolarizados por efecto del cepo y la esperable suba del 3% en los DEX de la que dispone el presidente.

Otro estudio sobre el tema, de la consultora Economía & Regiones, menciona que a pesar del “impuestazo” (superior al de José Luis Machinea en el gobierno de la Alianza) la agroindustria argentina mantiene un nivel de competitividad superior al de los gobiernos de Macri y Cristina Kirchner. Sin embargo, advierten que las economías regionales tienen “mucho menos aire” para soportar el nuevo escenario.

Efecto devaluación

Miazzo remarcó que “la suba de los derechos de exportación (DEX) redujo el federalismo del aporte de la agricultura por tres vías: suba de DEX, no coparticipables; genera baja del impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable; y extrae recursos (vía impuestos) del interior”. Como ejemplo comentó que en el Departamento cordobés de Río Cuarto, cada 5 puntos de derechos de exportación a los principales cultivos, se van de la región 72 millones de dólares, el equivalente al presupuesto anual de gastos de la municipalidad de la ciudad cabecera.

Según consigna el informe, considerando derechos de exportación de 30% para soja y 12% para el resto de los cultivos, la medición de diciembre de 2019 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 60,4% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $ 100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $ 60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno. En la discriminación por cultivos, la participación del Estado en soja es del 64,5%, maíz 53,9%, trigo 53,5% y girasol 62%. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 62,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

La ley de solidaridad y reactivación productiva permite al Ejecutivo Nacional llevar estos derechos hasta el 33% para soja y el 15% para el resto de los cultivos. Haciendo el ejercicio con esos datos, el índice pasa del 60,4% al 63,9%, es decir, la suba de 3 puntos en los derechos de exportación, se lleva 3,5 puntos de la renta agrícola.

Por otro lado, si se incorporan las subas de inmobiliarios rurales, que el índice recién tomará oficialmente en marzo, el indicador pasa de 60,4% a 61,2%, es decir, la suba de inmobiliarios se lleva el 0,8% de la renta agrícola. El efecto combinado de 3 puntos extra de derechos de exportación más inmobiliarios, lleva el índice de 60,4% a 64,7%.

Fuente Campo Litoral