Lo señaló un informe que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) hizo para ACSOJA, que presentará una propuesta para bajar las retenciones al 20%, de manera escalonada, de cara al 2027.

El Estado en Argentina se lleva el 74,2% del margen bruto (ingresos menos costos) que genera toda la cadena sojera (productores, acopios e industrias), según revela un estudio realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

El relevamiento fue encargado por la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (ACSOJA) y fue realizado en base a datos de junio de 2019 sobre precios internacionales, estructura de costos y tipo de cambio.

A raíz de este estudio, ACSOJA presentará una propuesta a legisladores, el Ministerio de Agricultura de la Nación y los gobernadores para bajar, de manera escalonada, las retenciones del 33 al 20% de cara al 2027. En los primeros dos años se bajarían a un ritmo del 1,5%, que se aceleraría al 2% durante los siguientes. “De esta forma, se generaría un horizonte alentador para las inversiones en el mediano plazo, sin descuidar la cuestión fiscal”, señaló David Miazzo, economista jefe de FADA, durante una entrevista con el medio «Tranquera», que conduce Juan Erreca.

En junio del año pasado, con unas retenciones del 27,1%, la presión impositiva se llevaba el 67,89% del margen bruto (150,21 dólares por tonelada). Pero cuando se lo proyecta con la retención actual del 33% (que pagarán los productores que producen más de 1000 toneladas), se llega al mencionado 74,2%, lo que significan 165,49 dólares por tonelada (45% del valor de mercado).

“Elegimos ese momento para hacer el análisis porque había un tipo de cambio real promedio de los últimos 20 años que iba a ser bastante representativo, no necesariamente del día que lo publicáramos, pero si en términos históricos. Para realizarlo, también tuvimos en cuenta estructura de costos de los eslabones de la cadena, ya sea en electricidad, sueldos, amortizaciones, etc”, explicó Miazzo, quien realizó el estudio junto a su colega Nicolle Pisani Claro.

En ese sentido vale aclarar que, desde ese entonces hasta la fecha, hubo una caída en los precios internacionales de la oleaginosa, principalmente por la expansión del coronavirus, que llevó la tonelada desde 349 a los 330 dólares actuales. Si se tuviera en cuenta esa variable, la presión en realidad llegaría a un 75,9%.

El informe de FADA no evalúa cómo quedaría el peso tributario en el caso de los agricultores que se ubican debajo de las 1000 toneladas, y soportarían menos retenciones con las compensaciones dispuestas por el Gobierno, ya que todavía esos beneficios no se han implementado porque transcurre plena época de cosecha y tampoco contemplan a la mayor parte de la producción, en términos de volumen.

El trabajo de FADA refleja el carácter unitario de la recaudación que genera la soja, ya que el Estado nacional se queda con el 93% de la misma, un 6% corresponden al nivel provincial y apenas un 1% va a los municipios.

Esto se explica porque las retenciones representan el 66% de esa carga impositiva y son recaudadas de manera directa por el Estado nacional. Mientras que el resto se divide en Ganancias (21%), ICDB (3%), contribuciones y ART (3%), inmobiliario rural provincial (3%), impuesto a los sellos (2%), tasas municipales (1%) e ingresos brutos (1%).

“Por eso, ACSOJA no propone bajas en el inmobiliario rural o las tasas municipales, porque tienen un impacto local, como no sucede con los derechos de exportación”, aclaró el economista.

El protagonismo de las retenciones en el actual esquema además hace que, ya sea en términos porcentuales o absolutos, los productores sean el eslabón de la cadena que soporta la mayor presión.

Asimismo, afecta a la competitividad de Argentina frente a los otros países “Si nos comparamos con los principales exportadores de soja, como EEUU y Brasil, tenemos una presión tributaria mucho más alta. En ninguno de los principales países agrícolas del mundo se paga retenciones. En cambio, ponen incentivos a la exportación. Eso se ve en la lentitud del ritmo de crecimiento de la producción de Argentina durante las últimas décadas, si se lo compara con el de otros países como Brasil, EEUU y Paraguay”, evaluó Miazzo.

El impuestazo no discrimina

Para el especialista, esta política ni siquiera logra a largo plazo el objetivo recaudatorio que se propone, ya que desincentiva el crecimiento del área productiva y la inversión. Sin embargo, no es el complejo sojero el único sector del agro que sufre una alta carga fiscal.

De hecho, FADA lleva a cabo informes trimestrales, sobre participación del Estado en la renta agrícola, en los principales 4 cultivos (soja, trigo, maíz y girasol). Aunque, a diferencia del trabajo que se hizo para ACSOJA, solo tiene en cuenta a los productores y no al resto de los eslabones, como la industria o el acopio.

El último en difundirse, que fue en marzo, indicó que el Estado tiene una participación promedio del 67,4% en la renta agrícola. En soja es del 70,7%, maíz 62,4%, trigo 60,6% y girasol 71,5%.

Mientras que en un trabajo publicado recientemente sobre el porcentaje que los impuestos representan en el precio final de góndola de la carne bovina, se ve que es el principal componente con un 28,9%, seguido por costos de feedlot (26,2%), cría (24,7%), carnicería (12,9%) y frigorífico (7,3%).

En el caso de la leche, significan el 26,8%. El resto se divide en tambo (30,2%), industria (27,4%) y comercio (15,6%). En cuanto al pan, es del 25,1%. En tanto, el resto se divide en los rubros panadería (59%), trigo (10,6%) y molino (5,3%).

Por último, si se mide el impacto fiscal sobre el precio final de los productos derivados de la soja, la carga llega al 45,35%.

Fuente Campo Litoral